CC.OO. CONTRA EL PLAN DE AJUSTE DEL GOBIERNO

CCOO CONTRA EL PLAN DE AJUSTE DEL GOBIERNO:

La convocatoria de huelga en el sector público para el día 8 de junio de 2010 refleja un conflicto social ante la propuesta del Gobierno de reducir los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el empeoramiento en la aplicación de la ley de dependencia, rebaja en las políticas sociales y en las inversiones públicas.

Este conflicto social son las primeras de una batería de otras anunciadas que pueden agravar la situación, y nos lleva a dar una respuesta inmediata y contundente, teniendo en cuenta que:

1) Los trabajadores y trabajadoras no hemos provocado esta crisis y no podemos ser los que paguemos los platos rotos. Desde el principio hemos manifestado que el origen de la crisis está en aquellos que nos han venido imponiendo un mercado financiero sin reglas, un liberalismo basado en que “menos estado = mayor prosperidad”, una política basada en la transferencia directa de recursos desde lo público a lo privado, y un modelo productivo basado en la especulación.

1a. Al principio de la crisis sus verdaderos responsables se batían en retirada: podíamos oír a destacados liberales (y a todo el sistema financiero) acudir a las arcas del estado para salvarse, o al presidente de la patronal solicitar la “suspensión” de la economía de mercado.

1b. Cuando los estados (esto es, toda la ciudadanía) hemos aportado ingentes recursos en salvarlos de sus errores, los que nos llevaron a la crisis vuelven a tomar las riendas e imponen un ajuste a quién ya ha pagado y está pagando de manera brutal los efectos de dicha crisis.

1c. Dicho ajuste, además, se produce sin que se hayan puesto en marcha ninguna de las medidas anunciadas para regular a los mercados financieros. O posiblemente para eso se ponen en marcha, para evitar que de la crisis se saquen las conclusiones adecuadas que limiten y regulen la capacidad de actuación de aquellos que nos llevaron a la crisis.

2) Contra lo que han venido reiterando, e incluso lo que nos intentarán vender a partir de ahora, supone una agresión a las políticas sociales y al gasto social, ese que reiteradamente han comprometido no tocar. Baste recordar que entre las medidas, además de la que afecta a las retribuciones del sector público, hay otras como la congelación de las pensiones, las que afectan a la ley de dependencia, las que afectan a la cooperación internacional, etc.

3) Solo se actúa sobre el gasto y se ignora cualquier actuación sobre los ingresos. En este sentido conviene recordar que desde el año 2004 venimos criticando duramente la política de “regalos” fiscales, que ha mermado los ingresos del estado en unas cuantías muy superiores al recorte de gastos que ahora se anuncia:

3a. Decisiones como la desaparición del impuesto de patrimonio, las continuas rebajas (inequitativas además) del IRPF, medidas como el “cheque bebé” u otras que se hacen al margen de la renta del perceptor, o la desfiscalización y rebaja de las rentas del capital han privado al estado de recursos que ahora, como veníamos anunciando, serían determinantes.

3b. Además, tampoco se han adoptado medidas decididas relativas a la persecución del fraude fiscal o el afloramiento de la economía sumergida, que también está privando de importantes ingresos al estado.

3c. Todo lo anterior ahonda el que seamos unos pocos (las rentas del trabajo) las que soportamos los ingresos del estado y a las que, además, ahora se nos imponen los recortes.

4) Las medidas anunciadas suponen un ataque frontal al sector público y al papel que los servicios públicos deben jugar en nuestra economía y en nuestro modelo social. Al recorte en las retribuciones del sector público mucho nos tememos que le siga un intenso y rápido “adelgazamiento” aún mayor de su estructura por diversas vías (externalizaciones, privatizaciones, etc.).

4a. Supone una renuncia expresa al papel que, en nuestra opinión, deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en un cambio de modelo productivo.

4b. Supone además que el gobierno se alinee expresamente con los sectores más reaccionarios y liberales, criminalizando a lo público (y a los empleados públicos con ello) como responsables, aunque sea indirectamente, de la crisis.

4c. Ocultan sin embargo que, detrás de esas posturas, entre otras están los deseos de importantes sectores privados de “repartirse” el pastel de los servicios públicos.

5) Las medidas anunciadas suponen la ruptura radical y unilateral, por parte del Gobierno, del Acuerdo Gobierno Sindicatos. Eso resulta absolutamente injustificado e injustificable por varias razones:

5a. El Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis, de hecho, la situación de la economía y de las finanzas actual no difiere sustancialmente de la conocida en el momento de firma del Acuerdo y, por tanto, nada posterior justifica su incumplimiento.

5b. Además, ni siquiera se ha tratado de “renegociar” (si es que ello fuera posible) el citado Acuerdo con las partes firmantes: se ha optado por una ruptura definitiva y unilateral por el gobierno.

5c. Con dicha decisión, además, se pone en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de los empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público.

5d. A estas medidas se unen otras que ya venían cuestionando el Acuerdo, como las referidas al empleo público, a la paralización de la negociación de otros temas sustanciales como la jubilación parcial o la Ley de Función Pública.

6) No hablamos de personal funcionario sino de empleadas y empleados públicos. La reducción de salarios no sólo afecta al personal funcionario. En los últimos tiempos los medios de comunicación, han estado haciendo una campaña de descrédito sobre todo lo público, diciendo que se está hablando sólo del personal funcionario, lo que no es cierto, y reforzando la idea de que estos trabajadores y trabajadoras son una carga para el resto de la sociedad. Estas medidas afectan a todos los colectivos: policías, conductores y conductoras, médicos, personal laboral, profesorado, maestros y maestras, personal de ámbito universitario, personal docente e investigador…todos y todas las que trabajamos para el sector público.

7) Las Políticas que perjudican al servicio público como un bien básico y en igualdad para toda la ciudadanía. Estas medidas de recortes son una agresión frontal contra los servicios públicos, los mayores garantes para lograr una sociedad cohesionada y equitativa. Reducir los salarios no es sólo recortar las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras. Es mucho más y por encima de la aceptación solidaria que incluso algunos asumen socialmente en esta situación de crisis, suponen  la desvaloración del servicio que se presta a todos los ciudadanos por igual. Este recorte es mucho más, muchísimo más y daña  la calidad de los servicios públicos perjudicando aún más la valoración social de quienes hacemos del servicio público nuestra  profesión por dedicación y esfuerzo. Recortar prestaciones en los salarios de quienes prestan servicios públicos en igualdad a todos los ciudadanos (sistema sanitario, educativo, de transportes,…) es mermar la calidad de quienes no disponen de medios, desde el ámbito privado, para poder disfrutar de estos con calidad.

8) Para finalizar las medidas anunciadas suponen un torpedo en la línea de flotación del diálogo social abierto sobre el mercado de trabajo, sobre las pensiones, etc. CCOO cree, además, que el plan de ajuste del Gobierno vulnera códigos fundamentales del diálogo social y del consenso parlamentario, al anular acuerdos y decisiones de gran trascendencia. Por un lado, saltan por los aires 15 años de consenso parlamentario para garantizar el sistema público de pensiones a través del Pacto de Toledo; y por otro, golpea la autoridad del diálogo social cuyos acuerdos –algunos de reciente firma- pasan a convertirse en papel mojado. Hay otra forma de abordar la salida de la crisis. Hace un año propusimos un Pacto de Estado por le economía y el empleo, que entre otras propuestas exigía la reforma del sistema financiero y una fiscalidad progresiva que recupere algunas figuras tributarias (patrimonio, sucesiones) y programe una decidida lucha contra el fraude fiscal. A la vez, apostábamos por un necesario equilibrio entre las políticas de ingresos y gastos para garantizar la capacidad de intervención del Estado. Por eso, COO se dirige al Gobierno para que reconduzca el plan de ajuste y apruebe en el próximo Consejo de Ministros del jueves, 20 de mayo, un paquete equilibrado de medidas más acordes a las necesidades del país.

CONCENTRACIONES DEL 20 DE MAYO.

HUELGA GENERAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  8 DE JUNIO.

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